El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana crucial en el Congreso que podría determinar el futuro de su ambicioso plan económico. La presentación del Presupuesto 2025 y las sesiones clave en ambas cámaras ponen a prueba la capacidad del Ejecutivo para implementar sus políticas de austeridad y reforma estructural.

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La fragmentación política en el Congreso, que responde más a intereses territoriales que partidarios, complica las negociaciones del Gobierno. Esta dinámica podría resultar en concesiones económicas a las provincias, potencialmente socavando los objetivos fiscales de Milei.

El intento de revertir el veto presidencial a la reforma jubilatoria en Diputados representa un riesgo significativo para las proyecciones fiscales del Gobierno. Si la oposición logra los dos tercios necesarios, el impacto en el gasto público podría ser considerable, desafiando la meta de déficit cero de Milei.

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En el Senado, la probable aprobación de la ley de financiamiento universitario y la derogación del decreto de fondos reservados para los Servicios de Inteligencia sugieren que el Congreso está dispuesto a desafiar la agenda de austeridad del Ejecutivo.

El rol negociador del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será crucial. Sus reuniones con bloques clave y gobernadores podrían resultar en compromisos que alteren significativamente el plan económico original de Milei.

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La incertidumbre generada por estas negociaciones ya está causando nerviosismo en los mercados financieros. Los inversores están atentos a cualquier señal de debilitamiento en el compromiso del Gobierno con sus reformas económicas.

En este contexto, la decisión de Milei de presentar personalmente el Presupuesto 2025 el 16 de septiembre parece un intento desesperado por recuperar la iniciativa. Sin embargo, esta jugada podría backfire si el Congreso percibe una falta de voluntad para negociar.

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La semana que se avecina no solo definirá el futuro inmediato del plan económico de Milei, sino que también pondrá a prueba la viabilidad a largo plazo de su visión para la economía argentina. El resultado de estas batallas legislativas tendrá repercusiones profundas en la confianza de los inversores, la estabilidad fiscal y el rumbo económico del país en los próximos años.