El gobierno de Javier Milei inicia 2025 con una estrategia legislativa selectiva que prioriza reformas económicas y medidas de seguridad, aunque mantiene en suspenso la convocatoria a sesiones extraordinarias. La administración libertaria condiciona la apertura anticipada del Congreso en febrero a la obtención de garantías para eliminar las elecciones primarias PASO, en un año marcado por los comicios de medio término.

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La agenda parlamentaria refleja las prioridades gubernamentales en tres ejes fundamentales: la continuidad de las reformas económicas mediante decretos de necesidad y urgencia, el fortalecimiento del marco legal en materia de seguridad, y modificaciones al sistema electoral. Esta planificación acotada responde al calendario electoral que dominará la dinámica política desde marzo, con la particularidad de posibles desdoblamientos en diversos distritos.

El oficialismo enfrenta el desafío de expandir su representación legislativa, partiendo de una base de 39 diputados y 5 senadores tras la reciente expulsión del formoseño Francisco Paoltroni, quien se distanció del bloque por discrepancias sobre la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema. Esta limitada presencia parlamentaria obliga al gobierno a construir alianzas estratégicas para avanzar con su agenda.

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En materia económica, el Ejecutivo mantiene su preferencia por los DNU como instrumento de reforma, una estrategia que ha demostrado efectividad durante 2024. La ausencia de un presupuesto aprobado por el Congreso para 2025 marca un hito histórico en la democracia argentina, siendo la primera vez que un presidente gobierna dos años consecutivos sin presupuesto propio.

El paquete de seguridad emerge como otra prioridad legislativa, con dos iniciativas centrales: la denominada "ley Antimafia", ya aprobada en Diputados y pendiente de tratamiento en el Senado, y la reforma a la ley de Seguridad Interior. Estas propuestas, impulsadas por la ministra Patricia Bullrich y respaldadas por el titular de Defensa, Luis Petri, buscan fortalecer las herramientas estatales contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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La ley Antimafia, que obtuvo 137 votos favorables en la Cámara baja, propone una innovadora modificación al Código Penal para equiparar las penas entre todos los miembros de organizaciones criminales, independientemente de su nivel de participación. Las comisiones senatoriales de Seguridad Interior y Narcotráfico, junto con Justicia y Asuntos Penales, ya han emitido los dictámenes correspondientes.

El gobierno mantiene activas negociaciones con sectores de la oposición dialoguista y gobernadores provinciales para asegurar el respaldo necesario que impida la derogación de medidas económicas implementadas por DNU. Esta estrategia incluye bloquear iniciativas como la sanción de una ley de presupuesto o la modificación del decreto que autoriza al ministro Caputo a gestionar canjes de deuda sin intervención parlamentaria.

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La eliminación de las PASO emerge como punto de convergencia entre el oficialismo y sectores de la oposición, incluyendo el PRO, que a través del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha manifestado su respaldo a esta iniciativa. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz, concentra diversos proyectos sobre la materia, desde la suspensión hasta la eliminación definitiva del sistema de primarias.

El período ordinario de sesiones comenzará oficialmente el 1 de marzo, aunque la convocatoria a extraordinarias dependerá de la capacidad del gobierno para asegurar los votos necesarios para sus iniciativas prioritarias, especialmente la reforma del sistema electoral.