La relación entre el gobierno nacional y las provincias atraviesa un momento de creciente tensión fiscal, con la propuesta del "Súper IVA" como nuevo foco de conflicto. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que trabaja en una reforma tributaria que contempla dividir el Impuesto al Valor Agregado, asignando el 9% a la Nación y dejando el 12% restante a discreción de cada provincia, con el objetivo de generar "competencia fiscal" entre distritos.

Esta iniciativa será uno de los temas centrales que abordarán varios gobernadores durante el encuentro programado para mañana en Paraná, Entre Ríos, en el marco de un seminario organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno provincial. Entre los mandatarios confirmados figuran Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), quienes estarán acompañados por Ignacio Lamothe, presidente del CFI.

La propuesta del "Súper IVA" genera inquietud entre los gobernadores por múltiples razones. Un aspecto fundamental radica en el mecanismo de recaudación, elemento que consideran decisivo para evaluar el impacto real de la reforma. "Quién recauda es lo central, y luego veremos si es necesario competir. Políticamente, puede tener dos efectos: une regiones o atomiza provincias", señalaron fuentes cercanas a uno de los mandatarios que participará del encuentro.

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Los jefes provinciales ya analizan posibles escenarios ante la implementación de esta reforma. Algunos consideran que la medida podría profundizar las brechas económicas existentes entre regiones. "No todos tienen los mismos recursos y eso ya te marca una diferencia: el Sur se organizará con el petróleo, el centro con la soja y similares, y el NOA y Cuyo pueden trabajar el Litio o metalíferos", explicaron desde una de las administraciones provinciales.

Desde el Ministerio de Economía nacional sostienen que la reforma tributaria pretende concentrar el impuesto a los Ingresos Brutos, que representa la segunda mayor fuente de ingresos provinciales después de la coparticipación. Según cálculos de Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la alícuota total del IVA podría alcanzar el 32% si se realiza esta traslación aritmética.

La tensión fiscal entre Nación y provincias se ha intensificado recientemente tras la decisión gubernamental de modificar el esquema de anticipo del Impuesto a las Ganancias y las retenciones del IVA en operaciones aduaneras. Esta medida, que reduce temporalmente hasta fin de año los montos que podrían haberse recaudado por estos tributos, afecta directamente a la coparticipación federal, fuente principal de financiamiento provincial.

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Aunque las autoridades nacionales aseguran que este ajuste es temporal y que los fondos se recuperarán posteriormente, la medida ha generado malestar en las administraciones provinciales por su implementación inmediata. El impacto comenzará a sentirse en junio, precisamente cuando las provincias deben afrontar el pago de aguinaldos al sector público. La situación ha llevado a algunas jurisdicciones a considerar acciones legales contra el gobierno nacional por la falta de aviso previo que permitiera mitigar los efectos.

"Esto les sirve para tener meses buenos con las elecciones cerca, mejorar el humor social y usar esa baja para anclar el IPC", señalaron desde el entorno de un gobernador crítico con la administración libertaria, sugiriendo motivaciones políticas detrás de la decisión.

Desde la Casa Rosada defienden la medida y aseguran que no existe un cambio sustancial en el sistema de coparticipación, sino un "sacrificio presente para recuperar e incluso incrementar ingresos futuros". Además, se muestran dispuestos al diálogo: "Si invitan a Nación, vamos y explicamos todo lo que necesiten", indicaron fuentes gubernamentales.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó la posición oficial mediante datos de la consultora Econométrica, señalando que "las provincias recibieron un 14% más por encima de la inflación en concepto de transferencias automáticas, comparando con el mismo periodo 2024". Menem sugirió que los gobernadores "deberían bajar impuestos provinciales y acompañar en el Congreso la baja en impuestos nacionales".

Esta afirmación generó una rápida respuesta desde la Región Centro: "Siempre son impuestos coparticipables los que tocan. Nunca los que benefician solo a Nación".

La implementación del "Súper IVA" no sería inmediata. La reforma fiscal deberá pasar por el Congreso Nacional, por lo que no estaría vigente antes del recambio legislativo de diciembre de 2025. En caso de aprobarse, su aplicación efectiva se proyecta recién para 2027.

Más allá de la reforma impositiva, los mandatarios provinciales mantienen otros reclamos pendientes. La paralización de la obra pública nacional constituye una preocupación generalizada. "Tienen todo parado. No hay mucho movimiento y tampoco con Vialidad. Las rutas nacionales están hechas mierda", señalaron fuentes cercanas a un gobernador del Litoral, destacando el deterioro de las vías que conducen a los puertos de exportación agrícola.

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El clima de tensión contrasta con el espíritu de diálogo que pretendía instaurar el Pacto de Mayo, firmado el pasado 9 de julio por 18 gobernadores. "Nosotros venimos a Capital todo el tiempo. Nos reunimos o vienen ministros o secretarios. El tema es que nos cansamos de pedir trece veces las mismas cosas y que siempre quede en la nada", expresó con frustración uno de los mandatarios.

Desde el núcleo del gobierno nacional consideran que las provincias podrían financiar las obras viales con aportes privados. En provincias como Santa Fe alegan haber solicitado la transferencia de varias rutas sin obtener respuesta concreta de las autoridades nacionales. Tanto allí como en otras jurisdicciones estratégicas apuestan al avance de las concesiones viales.

Otro punto conflictivo concierne a las Cajas de Jubilaciones provinciales y la deuda que ANSES mantiene con 13 distritos. Desde el Ministerio de Economía aseguran mantener "conversaciones con todas las provincias" y señalan que buscan resolver estos reclamos mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), mecanismo que permite cancelar deudas mutuas y establecer planes de pago para los saldos remanentes.

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Algunos gobernadores han logrado acuerdos parciales. Chubut consiguió que la Nación asumiera el déficit de su caja previsional y realizara transferencias para obras públicas. Entre Ríos acordó 12 cuotas de 2.000 millones de pesos por el déficit mientras finaliza una auditoría, aunque reclama 7.000 millones adicionales.

Córdoba ha adoptado la vía judicial para reclamar por su caja jubilatoria. El gobernador Martín Llaryora presentó a fines de abril un recurso ante la Corte Suprema por un monto estimado en un billón de pesos, equivalente a la mitad de la inversión provincial en infraestructura. Desde Economía reconocen que esta provincia ha avanzado considerablemente en su reclamo judicial, pero afirman que "hubo un acercamiento muy importante en esta gestión" y que trabajan en una propuesta conjunta como parte del REOR.

El encuentro de mañana en Paraná podría constituir un punto de inflexión en la relación entre el gobierno nacional y las provincias, con la reforma del IVA como tema central de discusión en un contexto de creciente tensión fiscal y reclamaciones pendientes.