Gobierno Elimina 3 Fondos Fiduciarios Clave: Impacto en Vivienda y Agricultura

La administración del presidente Javier Milei profundizó su política de reestructuración del Estado al anunciar la disolución de tres fondos fiduciarios estratégicos vinculados al desarrollo rural, las comunicaciones y la vivienda social. Esta medida, formalizada mediante decreto presidencial, representa un nuevo capítulo en la transformación del sector público argentino y afecta directamente a programas sociales establecidos.

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El desmantelamiento incluye el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), una iniciativa originalmente diseñada para facilitar el acceso al crédito en el sector agrícola. Según las autoridades, este fideicomiso ya había cumplido su ciclo, de acuerdo con informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

Otro de los fondos afectados es el Fiduciario del Servicio Universal, establecido por la Ley 27.078 para impulsar el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este fondo se financiaba con aportes equivalentes al 1% de los ingresos totales generados por la prestación de servicios TIC. La decisión de su eliminación se fundamenta en irregularidades detectadas en la aprobación de proyectos, donde no se pudo verificar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos normativos.

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El tercer fideicomiso disuelto es el Fondo para la Vivienda Social, creado por el artículo 59 de la Ley 27.341. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) identificó anomalías significativas en su gestión, incluyendo la falta de devolución de fondos en obras rescindidas y ausencia de rendiciones finales en programas como "Reconstruir" y "Casa Propia".

Estas acciones se enmarcan en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de modificar, transformar o liquidar fondos fiduciarios públicos. La medida forma parte de una estrategia más amplia de restructuración estatal que comenzó con la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y la modificación del destino de los recursos del Impuesto PAÍS.

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La reestructuración del sistema de fideicomisos públicos refleja un cambio fundamental en la política económica argentina. El gobierno argumenta que estas decisiones buscan optimizar la gestión de recursos públicos y eliminar estructuras que, según su evaluación, han mostrado deficiencias en su funcionamiento o han completado sus objetivos originales.

El impacto de estas medidas se extiende a múltiples sectores. En el ámbito rural, afecta los mecanismos de financiamiento para pequeños productores. En el sector de telecomunicaciones, modifica el esquema de desarrollo de infraestructura digital. En vivienda, altera los programas de construcción y mejoramiento habitacional destinados a sectores vulnerables.

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La disolución de estos fondos se suma a una serie de medidas similares que incluyen la eliminación del PROCREAR y otros cinco fideicomisos relacionados con el capital emprendedor, asistencia a víctimas de trata, competitividad del sector azucarero, refinanciación hipotecaria e inversión estratégica. Este proceso de restructuración continúa modificando sustancialmente el panorama de la gestión pública argentina y sus mecanismos de financiamiento social.

El gobierno sustenta estas decisiones en auditorías que revelaron irregularidades en la administración de los fondos. La transformación del sistema de fideicomisos públicos representa un cambio significativo en la política económica y social del país, con consecuencias directas en diversos sectores de la población que se beneficiaban de estos programas.