En un movimiento que podría afectar a casi dos millones de hogares argentinos, el gobierno ha anunciado una medida que requiere que los beneficiarios de tarifas sociales en servicios de electricidad y gas natural realicen un trámite crucial antes del 5 de agosto. Esta acción es necesaria para evitar la pérdida de subsidios y un consecuente aumento en sus facturas de energía.

La Secretaría de Energía, bajo la dirección de Eduardo Rodríguez Chirillo, ha iniciado un proceso de revisión y actualización del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para optimizar el gasto público y asegurar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.

El anuncio llega en un momento crítico, coincidiendo con el inicio del período invernal, cuando el consumo energético tiende a aumentar significativamente. Además, los recientes incrementos en las tarifas de servicios públicos añaden presión adicional a los presupuestos familiares.

La Resolución 90/2024, publicada a principios de junio, establece que aproximadamente 1.7 millones de usuarios que fueron incorporados automáticamente al RASE en 2022 como hogares de bajos ingresos deben ahora reinscribirse individualmente. Este grupo de beneficiarios tiene hasta los primeros días de agosto para completar el trámite y mantener sus subsidios.

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El sistema actual de segmentación de subsidios, implementado en 2022, divide a los hogares en tres categorías basadas en sus niveles de ingresos:

1. Altos ingresos (N1): Aproximadamente 5.3 millones de hogares.
2. Ingresos bajos (N2): Cerca de 8 millones de hogares.
3. Ingresos medios (N3): Alrededor de 2.7 millones de hogares.

La medida actual se enfoca principalmente en aquellos usuarios que fueron categorizados automáticamente como N2 durante la implementación inicial del sistema. En su momento, esta categorización automática se justificó como una forma de proteger a los sectores más vulnerables de la población, quienes podrían haber tenido dificultades para completar el registro en línea debido a falta de acceso a internet o desconocimiento del proceso.

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Sin embargo, la nueva resolución advierte que quienes no cumplan con el trámite de reinscripción serán reclasificados como N1, lo que implica la pérdida total de los subsidios a la electricidad. En el caso del gas, el proceso podría ser ligeramente diferente, ya que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) cuenta con información más detallada a nivel nacional.

Para completar el trámite, los usuarios deben tener a mano la siguiente información:

- Número de medidor y número de cliente/servicio/cuenta/contrato o NIS de las facturas de electricidad y gas.
- DNI actualizado.
- CUIL de cada miembro del hogar mayor de 18 años.
- Ingresos netos de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Una dirección de correo electrónico válida.

El proceso implica completar una declaración jurada en línea. Aquellos que ya hayan realizado el trámite anteriormente tienen la opción de actualizar su información existente.

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Es importante destacar que los umbrales de ingresos para calificar para los subsidios han sido actualizados. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Canasta Básica Total (CBT) para junio se situó en $873.169 para un hogar tipo de dos adultos y dos menores. Las normativas vigentes establecen que las familias cuyos ingresos no superen 3,5 veces este valor pueden solicitar los subsidios.

Esto significa que, a partir de agosto, el nuevo umbral de ingresos familiares mensuales para solicitar subsidios es de $3.056.092. Para los hogares ubicados en regiones con condiciones climáticas más extremas, como la Patagonia, el límite se eleva a $3.728.431 mensuales.

El gobierno justifica esta medida como parte de un esfuerzo por "depurar" el RASE y asegurar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre los consumidores y organizaciones de defensa del consumidor, quienes temen que muchas familias vulnerables puedan perder sus subsidios debido a dificultades para completar el trámite a tiempo.

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Algunos críticos argumentan que el plazo para la reinscripción es demasiado corto, especialmente considerando que muchos de los afectados podrían tener dificultades de acceso a internet o falta de familiaridad con los trámites en línea. Además, existe preocupación por la posibilidad de que el sistema se sature debido al alto volumen de solicitudes en un período corto.

Por su parte, el gobierno ha iniciado una campaña de información para alertar a los usuarios sobre la necesidad de completar el trámite. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha comenzado a realizar llamadas telefónicas a los usuarios afectados, y varias provincias, en particular Buenos Aires, han lanzado operativos similares para informar y asistir a los ciudadanos en el proceso.

Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de ajuste fiscal y revisión de subsidios por parte del gobierno. La administración actual busca reducir el gasto público y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, en un momento en que la economía argentina enfrenta desafíos significativos, incluyendo una alta inflación y presiones sobre el tipo de cambio.

El impacto de esta medida podría ser considerable, especialmente para aquellos hogares que se encuentran en el límite de los umbrales de ingresos establecidos. Con las tarifas de energía en aumento y el incremento estacional del consumo debido al invierno, la pérdida de subsidios podría representar un golpe significativo para los presupuestos familiares.

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Expertos en energía y economía doméstica recomiendan a los usuarios afectados actuar con rapidez para completar el trámite de reinscripción. También sugieren revisar cuidadosamente sus patrones de consumo energético y considerar medidas de eficiencia energética para mitigar el impacto de posibles aumentos en las facturas.

A medida que se acerca la fecha límite, se espera que el debate sobre la equidad y eficacia de esta medida se intensifique. Organizaciones de consumidores y algunos legisladores ya han comenzado a pedir una extensión del plazo y una revisión más detallada del proceso para asegurar que ningún hogar vulnerable quede sin la asistencia necesaria.

Esta medida representa un momento crucial para millones de hogares argentinos. Su implementación y resultados serán observados de cerca, no solo por su impacto inmediato en las economías familiares, sino también como un indicador de la dirección que tomará la política de subsidios energéticos en el país en los próximos años.