El panorama del transporte fluvial argentino enfrenta una nueva controversia después de que el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, acusara al expresidente Mauricio Macri y su exministro Guillermo Dietrich de orquestar un sabotaje en la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, una vía crucial que canaliza el 80% de las exportaciones del país.

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La polémica estalló durante una sesión de la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados, donde Arreseygor detalló una presunta operación coordinada para hacer fracasar el proceso licitatorio. El funcionario señaló la existencia de presiones sobre potenciales oferentes para que se abstuvieran de participar, situación que culminó con la presentación de una única propuesta por parte de la empresa belga DEME.

La administración de Javier Milei se vio obligada a anular la licitación el 12 de febrero, según lo comunicado por el vocero presidencial Manuel Adorni. La decisión se tomó tras una serie de acusaciones cruzadas sobre supuestas presiones para modificar requisitos técnicos y denuncias de direccionamiento a favor de la actual concesionaria, Jan de Nul, que finalmente no presentó oferta.

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La gravedad de las acusaciones alcanzó un nuevo nivel cuando Arreseygor sugirió la posible comisión del delito de traición a la patria por parte de actores políticos involucrados en el presunto sabotaje. Además, reveló que la Defensa de la Competencia está investigando la conducta de las empresas que se abstuvieron de participar en el proceso.

El caso adquiere especial relevancia considerando que la Hidrovía representa la columna vertebral del comercio exterior argentino. Según el funcionario, cada día de retraso en la adjudicación implica mayores costos para los productores nacionales, afectando directamente la competitividad de las exportaciones argentinas.

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La controversia se desarrolla en un contexto de creciente tensión política, con el gobierno defendiendo la transparencia del proceso licitatorio y señalando que el pliego había sido diseñado para permitir una amplia participación. Arreseygor enfatizó que las condiciones establecidas respondían a las necesidades del sistema fluvial argentino, sin excluir a ningún potencial oferente.

DEME, la única empresa que finalmente presentó una oferta, había previamente denunciado irregularidades en el proceso, aunque posteriormente retiró sus acusaciones antes de formalizar su propuesta. Esta situación ha generado interrogantes adicionales sobre la transparencia del procedimiento y las motivaciones detrás de los cambios de posición de los actores involucrados.

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El gobierno ha destacado que la Justicia validó la legalidad del proceso licitatorio en tres instancias diferentes, respondiendo a las impugnaciones presentadas por potenciales oferentes. Sin embargo, la falta de competencia efectiva en la licitación llevó a la administración actual a tomar la decisión de reiniciar el proceso.

Las implicaciones económicas de esta situación son significativas, considerando el rol estratégico de la Hidrovía en el comercio exterior argentino. La vía navegable no solo facilita el transporte de mercancías, sino que también influye directamente en los costos logísticos y la competitividad de las exportaciones nacionales.

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Las autoridades han manifestado su intención de iniciar un nuevo proceso licitatorio, enfatizando la necesidad de garantizar condiciones que promuevan una participación más amplia y aseguren la transparencia del procedimiento. Este compromiso surge en medio de las acusaciones sobre presuntas maniobras políticas que habrían obstaculizado el proceso anterior.

El episodio ha generado un debate más amplio sobre la gestión de infraestructuras estratégicas en Argentina y los desafíos que enfrenta el gobierno para modernizar y eficientizar el sistema de transporte fluvial. La resolución de esta controversia será crucial para el futuro del comercio exterior argentino y la competitividad de sus productores en los mercados internacionales.