La tensión política en el Senado argentino alcanzó un nuevo nivel este jueves cuando la bancada de Unión por la Patria decidió condicionar el apoyo a la iniciativa de incremento de recursos provinciales. La estrategia busca garantizar la aprobación prioritaria de las reformas previsionales y la ley de emergencia en discapacidad que ya cuentan con media sanción de Diputados.

Anabel Fernández Sagasti, representante kirchnerista en la Cámara Alta, comunicó oficialmente esta posición durante las horas previas a la reunión de Labor Parlamentaria programada para las 11 de la mañana. La senadora estableció claramente que el tratamiento de los Aportes del Tesoro Nacional y los fondos del impuesto a los combustibles destinados a las provincias quedará supeditado al avance de los otros proyectos legislativos.

El bloque opositor diseñó una secuencia específica para el desarrollo de la sesión vespertina. Según la propuesta de Unión por la Patria, el primer punto del temario debe contemplar la ley de emergencia en discapacidad, seguido por el incremento del 7,2% en las jubilaciones. El tercer ítem incluiría el aumento del bono previsional de 70.000 a 110.000 pesos y la reinstauración de la moratoria previsional. Únicamente después de estos debates procedería la discusión sobre el proyecto que beneficia económicamente a las administraciones provinciales.

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La preocupación del kirchnerismo surge de información obtenida sobre una videoconferencia nocturna entre varios gobernadores. Fuentes parlamentarias confirman que estos mandatarios provinciales podrían retirar a sus senadores del recinto una vez conseguida la media sanción para su proyecto de financiamiento, dejando sin quórum suficiente para tratar las iniciativas restantes.

La complejidad del escenario se intensifica por las irregularidades reglamentarias que rodean a los dictámenes de los proyectos previsionales. Días atrás, ante la negativa del senador Ezequiel Atauche de convocar la comisión de Presupuesto bajo su presidencia, los legisladores de Unión por la Patria tomaron la decisión de autoconvocarse. Esta reunión informal contó con la participación de Martín Lousteau, representante de la Unión Cívica Radical, y Guadalupe Tagliaferri del PRO, logrando el quórum necesario para firmar los dictámenes correspondientes.

Sin embargo, la presidencia de la Cámara, a través del secretario parlamentario Agustín Giustinian, quien estuvo presente en la reunión autoconvocada, emitió una resolución que cuestiona la validez del procedimiento. El documento oficial señala que no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito considerado indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos. Esta decisión administrativa desconoce lo acordado por los senadores en la sesión informal.

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La controversia reglamentaria genera consecuencias prácticas significativas. Si prevalece la posición de la presidencia de la Cámara, será necesario obtener los dos tercios de los senadores presentes, equivalente a 48 legisladores en caso de asistencia completa, para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos que modifican el sistema jubilatorio. Esta mayoría especial resulta considerablemente más difícil de conseguir que la mayoría simple requerida en circunstancias normales.

Un senador kirchnerista, bajo condición de anonimato, explicó la lógica estratégica detrás de la posición del bloque: "Si tratamos primero el proyecto de los gobernadores, nos sacan los senadores para los otros temas. Y si tenemos que ir por los dos tercios, perdemos; por eso, la sesión tiene que comenzar por jubilaciones". Esta declaración resume la preocupación táctica que motiva la decisión de condicionar el apoyo a la iniciativa provincial.

La sesión programada para las 14 horas implicaría una autoconvocatoria de un sector de la oposición, que según estimaciones preliminares dispondría de entre 40 y 50 legisladores dispuestos a participar del debate. Para establecer el quórum mínimo solamente se requiere la presencia de 37 senadores en el recinto. El kirchnerismo cuenta nominalmente con 34 representantes, lo que le permitiría iniciar el encuentro legislativo.

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Una vez iniciada la sesión, el siguiente paso consistiría en obtener una mayoría simple para aprobar un plan de Labor Parlamentaria y definir el temario junto con el orden de tratamiento. En principio, esta mayoría no representaría un obstáculo significativo, siempre que se mantenga la cohesión entre quienes buscan confrontar con un Ejecutivo que hasta el momento no ha mostrado disposición para negociar o suavizar su posición.

El rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su calidad de titular de la Cámara Alta, resultará crucial para determinar qué procedimientos avala según las disposiciones reglamentarias. Su interpretación de las normas parlamentarias podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado en caso de disputas procedimentales.

El momento más delicado llegará cuando el pleno deba considerar la validez de los tres proyectos que enfrentan cuestionamientos reglamentarios por lo ocurrido la semana anterior. Aunque el recinto mantiene soberanía absoluta en este tipo de decisiones, la determinación que se adopte podría establecer un precedente problemático para futuras situaciones similares. En el peor escenario, existe la posibilidad de que la sesión del jueves termine judicializada.

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Un senador dialoguista, reconocido por su experiencia parlamentaria, expresó su perplejidad ante la situación: "Hay 80 opciones que podría mencionarte como posibles. La menos lejana es que la sesión no se haga, cosa que veo difícil. Pero todos sabemos que hay cuestiones de la ley jubilatoria que podrían modificarse y, si no están los votos para sancionar el proyecto así como está, volvería en segunda revisión a Diputados".

El legislador continuó su análisis señalando las dudas existentes sobre diversos aspectos: "Ni te digo la moratoria previsional. También hay varias dudas sobre la emergencia en discapacidad. Es una locura ir sin un plan al recinto. Pasamos de no hacer casi nada a una mega sesión con iniciativas que muchos concuerdan en que tienen que analizarse seriamente en comisiones. Todo desprolijo y mal".

Mientras tanto, el presidente Javier Milei convocó a su gabinete en Casa Rosada durante las horas previas a la sesión, aunque el Gobierno aún no ha previsto realizar llamadas telefónicas a los gobernadores para coordinar posiciones. Esta ausencia de gestión política por parte del Ejecutivo contrasta con la intensa actividad de articulación que desarrolla la oposición.

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La jornada parlamentaria se presenta como una prueba de fuego para el sistema político argentino, donde convergen múltiples tensiones: la confrontación entre el oficialismo y la oposición, los intereses contrapuestos entre el gobierno nacional y las provincias, y las disputas reglamentarias que ponen en cuestión la institucionalidad parlamentaria. El desenlace de esta sesión podría marcar el rumbo de la relación entre los poderes del Estado y definir la viabilidad de importantes reformas sociales y económicas para millones de argentinos.