En las puertas de un fin de semana largo la incertidumbre sobre varias cuestiones que hacen al eje de gestión de la administración Milei gana espacio.

Mientras el Presidente se encuentra en Italia a la espera de su visita al Papa Francisco, el día lunes, y la posterior reunión con la primera ministra Giorgia Meloni siguiendo con su estrategia de ganar consenso internacional para su proyecto, en nuestro país las definiciones que deberá tomar a su arribo serán cruciales para la marcha del gobierno.

Por estas horas coexisten en el gobierno dos posiciones definidas acerca de la actitud que el Presidente debe adoptar sobre la continuidad o no de los funcionarios de la administración vinculados a los gobernadores que impidieron la aprobación de la Ley Ómnibus y dejaron a Milei sin un conjunto de instrumentos legales considerados esenciales para avanzar con el proyecto oficial.

Más allá de la minimización del fracaso legislativo, sostenido por el Ministro de Economía, y otros funcionarios, está claro que la aprobación de la versión final de la Ley, bastante disminuida ya de su redacción original, era un objetivo de mínima a cumplir por el gobierno y que, por lo que fue calificado como traición por parte de algunos gobernadores, dicho objetivo no pudo ser alcanzado.

La grieta en el gobierno hoy se define ente los que sostienen que Milei debe echar del gobierno a los funcionarios que fueron designados en el marco de un acuerdo que no se cumplió y los que sostienen que, más allá de las traiciones a lo acordado, se deberá contemplar la eficiencia en la gestión como elemento central para adoptar una decisión acerca de la continuidad o no de dichos funcionarios.

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Este es una de las decisiones centrales que Milei deberá tomar a su llegada, inclinando la balanza hacia algunos de los dos grupos que se abroquelan en sus posiciones.

En directa relación con este hecho político, la profundización del ajuste anunciado por Caputo, cuya primera medida concreta ha sido la eliminación del Fondo Compensador que sostenía los subsidios al transporte urbano en las Provincias viene cosechando, como resulta esperable, un alto nivel de rechazo de intendentes y gobernadores, quienes se ven enfrentados a la disyuntiva de provocar un tarifazo en sus jurisdicciones o utilizar fondos propios para compensar el faltante de subsidio nacional.

En algunas provincias el impacto de esta quita de subsidio nacional generará que el valor del boleto de colectivo sobrepase los $ 1000 pesos, como en la Provincia de Tucumán en el cual podría llegar hasta los $ 1500.

El impacto social de este salto tarifario, que implica quintuplicar el valor actual del boleto, es de suma gravedad para las jurisdicciones provinciales ya que toca a ciudadanos que vienen perdiendo poder adquisitivo en sus salarios desde hace mucho tiempo y que, en la mayoría de los casos, se encuentran en situación técnica de pobreza o están al borde de ingresar en esta categoría.

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La actividad económica no ayuda a mejorar el panorama. La caída en los despachos de cemento de un 20% en enero son un claro indicador de que la recesión está entre nosotros y que, la previsión de baja del producto de 2.8% estimada por el Fondo Monetario Internacional para este año, seguramente se quedará corta, siendo los valores más aproximados una reducción de entre el 3.5% y 4% interanual.

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La cuestión del Pacto Fiscal también estará entre las decisiones a definir. Es indudable que se requiere un nuevo acuerdo entre la Nación y las Provincias que reformule y ordene el tema tributario. 

Los tributos Provinciales, como Ingresos Brutos, son sumamente nocivos para los sectores productores y de servicios de cada una de las jurisdicciones, siendo un impuesto que significa duplicar imposiciones y encarecer la cadena de producción.

Cómo encarar este tema, en medio del clima de desconfianza que se ha generado y que el gobierno nacional no parece dispuesto a apaciguar, será otra cuestión crítica a resolver en el corto plazo.

Lo que no pueda hacerse es ignorar la importancia que un nuevo pacto tributario, con clara asignación de derechos y obligaciones, nación y provincias es esencial para el ordenamiento macroeconómico.

Como retomar la agenda de reformas, en este contexto, será la una de las tareas que espera a Milei a su retorno la semana próxima y de su resolución dependerá, en buena medida, la evolución de las principales variables económicas y políticas en los próximos meses.