La reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO, encabezada por Mauricio Macri, ha marcado un punto de inflexión en la relación con el gobierno de Javier Milei. En un encuentro clave celebrado en Buenos Aires, el partido ha definido una postura firme respecto a temas cruciales, destacándose la decisión de no dar quórum en la sesión del martes sobre la modificación de la ley de DNU.

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El cónclave, que reunió a figuras de peso como los gobernadores Rogelio Frigerio, Jorge Macri, Nacho Torres, y referentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, evidencia una estrategia de negociación más agresiva frente al oficialismo. El partido expresa "malestar" por incumplimientos en acuerdos previos y exige reciprocidad por su apoyo parlamentario.

Las principales demandas del PRO incluyen:
- Partidas presupuestarias para obras públicas en distritos gobernados por el partido
- Cumplimiento de fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires
- Regularización de la situación de Salto Grande
- Resolución de las cajas jubilatorias de Chubut y Entre Ríos

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La relación entre el macrismo y el gobierno muestra tensiones crecientes desde la última reunión del 24 de octubre. Aunque se estableció un canal de diálogo entre Cristian Ritondo y Santiago Caputo con reuniones semanales en Casa Rosada, los resultados no satisfacen las expectativas del PRO.

Macri impulsa además una agenda específica que incluye:
- Aceleración del proceso de privatizaciones
- Avance en el proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas
- Privatización de rutas y Corredores Viales SA

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El posicionamiento del partido adquiere relevancia estratégica considerando el panorama electoral de 2025, donde el PRO debe renovar 22 bancas en Diputados y una en el Senado. La estrategia parece apuntar a mantener un bloque de aproximadamente 30 legisladores que garantice poder de negociación frente al oficialismo.

Esta movida política refleja un cambio en la dinámica de poder entre el PRO y el gobierno de Milei. El partido busca capitalizar su apoyo parlamentario para obtener beneficios concretos para sus distritos, mientras mantiene una posición de respaldo condicionado a las políticas oficiales, como el déficit cero.

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La decisión sobre el quórum en la sesión del martes representa una señal clara de que el PRO está dispuesto a ejercer presión para conseguir sus objetivos, aunque esto genere tensiones internas, como las evidenciadas con la posición de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad.