La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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La administración de Javier Milei mantiene en suspenso la designación por decreto de nuevos miembros de la Corte Suprema, mientras intensifica sus críticas al máximo tribunal por su reciente decisión sobre las reelecciones provinciales. Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que, si bien el decreto para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla está preparado, la estrategia actual prioriza alcanzar consensos en el Senado durante las sesiones extraordinarias de febrero.
María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico y colaboradora cercana del asesor Santiago Caputo, ya ha revisado el texto del decreto. Sin embargo, la mesa política del gobierno nacional continúa explorando vías de negociación con gobernadores provinciales, buscando construir los apoyos necesarios para una aprobación legislativa tradicional.
La decisión de la Corte Suprema que limita las reelecciones indefinidas en Formosa ha generado un profundo malestar en el Ejecutivo. Funcionarios de alto rango califican la resolución como una determinación política, argumentando que vulnera la autonomía provincial en materia electoral. Esta tensión institucional complica aún más el panorama para las designaciones judiciales pendientes.
El gobierno ha descartado la posibilidad de nombrar por decreto a 150 jueces federales, una decisión que forma parte de una estrategia más amplia que incluye las negociaciones por la composición de la Corte Suprema. Este paquete de designaciones judiciales abarca también los nombramientos para la Procuración General de la Nación, actualmente ocupada por Eduardo Casal, y la Defensoría General, bajo la dirección de Stella Maris Martínez.
Las conversaciones con el kirchnerismo para lograr acuerdos en materia judicial se han estancado, según confirman fuentes gubernamentales. No obstante, el Ejecutivo mantiene su disposición a discutir una potencial ampliación del máximo tribunal una vez que se resuelvan las candidaturas de Lijo y García-Mansilla.
La reciente acordada de la Corte Suprema sobre el mecanismo de selección de conjueces para situaciones en que el tribunal opere con tres miembros ha sido recibida con reservas por el gobierno. Aunque oficialmente no se pronunciarán al respecto, fuentes del Ejecutivo cuestionan la viabilidad de un funcionamiento efectivo del máximo tribunal con solo tres integrantes.
La decisión de Ricardo Lorenzetti de firmar en disidencia esta acordada añade un nuevo elemento de complejidad al escenario judicial. El gobierno observa con atención estos movimientos internos en la Corte, mientras evalúa sus próximos pasos en la restructuración del poder judicial.
El panorama se complica por la necesidad de mantener equilibrios políticos delicados. La administración Milei debe navegar entre las presiones por acelerar los nombramientos judiciales y la importancia de construir consensos legislativos duraderos, especialmente considerando la composición actual del Senado.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar el éxito de esta estrategia gubernamental. La capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos con las provincias y diferentes sectores políticos definirá no solo el futuro de estas designaciones judiciales, sino también el marco de relaciones institucionales entre los poderes del Estado durante los próximos años.
Esta situación refleja la compleja trama de negociaciones y tensiones institucionales que caracterizan el inicio de la gestión Milei, donde las decisiones sobre la conformación del poder judicial se entrelazan con disputas políticas más amplias y debates sobre el alcance de las competencias federales y provinciales.
