El Departamento de Estado norteamericano anunció hoy una serie de medidas punitivas contra la ex mandataria argentina Cristina Kirchner y el ex ministro Julio de Vido, prohibiéndoles el ingreso al territorio estadounidense debido a sus condenas por actos de corrupción durante sus gestiones gubernamentales.

La decisión, comunicada oficialmente por el secretario de Estado Marco Rubio, se fundamenta en las múltiples sentencias judiciales que pesan sobre ambos ex funcionarios argentinos por su participación en esquemas de sobornos relacionados con la obra pública, que según la administración Trump, "resultaron en la sustracción de millones de dólares de las arcas del Estado argentino".

Las restricciones migratorias se extienden también a los familiares directos de los sancionados, incluyendo a los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, así como a Alessandra Minnicelli, esposa del ex titular de la cartera de Planificación Federal.

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El comunicado oficial señala que estas designaciones se realizan en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del 2024, normativa que faculta al Secretario de Estado a imponer restricciones a funcionarios extranjeros sobre quienes exista "información fidedigna de participación en actos significativos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos".

Para la administración estadounidense, Kirchner y De Vido "abusaron de sus posiciones oficiales para orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas corruptas vinculadas a contratos públicos", acciones que según Washington han "socavado la confianza tanto del pueblo argentino como de los inversores internacionales en el futuro del país sudamericano".

Esta decisión generó inmediatas repercusiones en el escenario político argentino. El presidente Javier Milei compartió el anuncio en sus redes sociales con la frase "Che Cristina", una referencia irónica a la expresión habitual que utiliza la ex mandataria cuando cuestiona las políticas de la actual administración libertaria.

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La sanción contra Kirchner llega pocos meses después de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en el denominado caso de la obra pública, que benefició al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Aunque en esa causa De Vido resultó absuelto, el ex ministro cumple actualmente una condena de cinco años y ocho meses por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, donde fallecieron 51 personas en 2012.

Adicionalmente, De Vido enfrenta procesamientos en otras investigaciones judiciales, como el presunto fraude contra el Estado por 265 millones de dólares relacionado con la mina de carbón de Río Turbio y la conocida causa de los Cuadernos de las Coimas.

Esta medida se enmarca en una política de la diplomacia estadounidense que ha sancionado previamente a diversos ex mandatarios latinoamericanos por acusaciones similares. Durante la administración del presidente Joe Biden, recibieron restricciones figuras como los ex presidentes Horacio Cartés de Paraguay, Ricardo Martinelli de Panamá y Rafael Correa de Ecuador, así como los gobernantes Nicolás Maduro de Venezuela, Raúl Castro de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua.

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Según explica el Departamento de Estado, estas designaciones persiguen múltiples objetivos: "exponer a los actores corruptos a través de la atención mediática, respaldar las acciones legales locales, promover la rendición de cuentas y subrayar la necesidad de implementar reformas anticorrupción efectivas".

La administración Trump ha sido enfática al señalar que "Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal", reafirmando su "compromiso con el combate a la corrupción global, incluso en los niveles más altos de gobierno".

Estas sanciones representan un significativo revés diplomático para la ex presidenta argentina, quien ahora se suma a una lista creciente de líderes latinoamericanos que enfrentan restricciones migratorias impuestas por Washington como consecuencia de acusaciones o condenas por corrupción, debilitando aún más su posición política en un momento donde su capacidad de influencia ya se encuentra mermada por los procesos judiciales que afronta en Argentina.

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Las medidas anunciadas hoy por el gobierno estadounidense fortalecen la posición del presidente Milei, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción de administraciones anteriores uno de los ejes discursivos de su gestión, al tiempo que complican el panorama para el kirchnerismo, que ve cómo su principal referente política acumula no solo condenas judiciales sino también sanciones internacionales que deterioran su imagen pública.

Analistas políticos señalan que esta decisión podría tener implicaciones significativas en la dinámica política argentina, profundizando la polarización existente y potencialmente afectando las relaciones diplomáticas entre ambos países, especialmente considerando la histórica relación compleja entre el kirchnerismo y Washington.