La tradicional movilización por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia transcurrirá este lunes bajo un operativo especial diseñado por las autoridades nacionales, que decidieron no activar el mecanismo de control aplicado en manifestaciones anteriores
Política24/03/2025 13News-Política
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La tradicional movilización por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia transcurrirá este lunes bajo un operativo especial diseñado por las autoridades nacionales, que decidieron no activar el mecanismo de control aplicado en manifestaciones anteriores. El Ministerio dirigido por Patricia Bullrich implementará un esquema diferenciado para esta conmemoración que congregará a múltiples organizaciones en Plaza de Mayo, mientras desde Casa Rosada ya comenzaron a difundir contenidos audiovisuales que promueven una revisión histórica sobre la dictadura militar.
La cartera de Seguridad dispuso un despliegue reducido de efectivos comparado con el utilizado durante las recientes protestas de jubilados frente al Congreso. Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que se trata de "una conmemoración que ocurre durante un feriado" y no de un corte de vías públicas con fines reivindicativos inmediatos. No obstante, fuentes oficiales confirmaron a medios nacionales que mantendrán vigilancia especial durante la fase de dispersión por eventuales incidentes.
El acto central comenzará a las 16:30 horas en el corazón de la ciudad porteña, donde figuras emblemáticas como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel realizarán la lectura del documento conjunto. La convocatoria anual reúne a diversas agrupaciones sociales y políticas, que este año tendrán como eje principal la resistencia contra lo que denominan "negacionismo promovido desde las más altas esferas gubernamentales".
El oficialismo, por su parte, publicó en los primeros minutos del día un video en todas las plataformas digitales de Presidencia, continuando la línea establecida durante la anterior conmemoración. El material audiovisual promociona el concepto de "memoria completa" y cuestiona cifras históricamente aceptadas sobre víctimas del terrorismo estatal. Según trascendió, las autoridades preparan otra pieza protagonizada por el vocero presidencial Manuel Adorni, aunque desde Balcarce 50 prefirieron mantener reserva sobre su contenido.
Un amplio espectro político participará en la manifestación. Desde el Partido Justicialista encabezado por Cristina Fernández de Kirchner hasta la Unión Cívica Radical capitalina confirmaron su asistencia. El radicalismo porteño convocó a concentrarse desde las 13:30 horas en la sede del Comité Nacional, destacando en su comunicado que la participación "refleja coherencia con los principios defendidos históricamente" por esa fuerza política.
Las organizaciones sindicales también se sumarán a la convocatoria. La Confederación General del Trabajo, ambas CTA, SUTEBA, CTERA y ATE Capital estarán presentes en una jornada que precede al paro general anunciado para el próximo 10 de abril, en medio de crecientes tensiones con la administración libertaria.
Los partidos de izquierda, que tradicionalmente realizan un recorrido separado, también participarán de la jornada. El Frente de Izquierda planea movilizarse desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para luego leer su propio documento, elaborado por "organizaciones independientes" que expresan su rechazo a lo que califican como "gobierno liberfacho de Milei" y denuncian la presencia en la actual administración de "personal civil vinculado a la dictadura".
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) anunció su participación en la marcha "contra la represión de ayer y hoy", criticando fuertemente las políticas de seguridad implementadas por el actual gobierno. En su comunicado, la organización caracterizó la gestión de Milei como "el mayor ajuste y represión desde el inicio de la democracia" y exigió la dimisión de Patricia Bullrich.
Los convocantes principales incluyen a Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, APDH, APDH La Matanza, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros.
La manifestación transcurre cuando se cumplen 49 años del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Desde Abuelas de Plaza de Mayo sostienen que "la memoria funciona como brújula contra el relativismo y negacionismo, porque negar los crímenes del pasado equivale a legitimar la violencia estatal".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también confirmó su participación en la movilización, convocando a sus adherentes desde las 14:00 horas en la intersección de Tacuarí y Avenida de Mayo bajo la consigna "los derechos humanos son acción".
La decisión gubernamental de no aplicar el protocolo antipiquetes representa un giro táctico respecto a manifestaciones anteriores, donde las fuerzas federales mantuvieron una presencia ostensible que derivó en confrontaciones con algunos manifestantes. Según analistas políticos, esta estrategia busca evitar episodios que podrían incrementar tensiones sociales en un contexto de creciente conflictividad.
El año pasado, la administración precedente había difundido un material audiovisual similar titulado "24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa", que incluyó testimonios de Juan Bautista Yofre, María Fernanda Viola y Luis Labraña, presentando una narrativa alternativa sobre el período dictatorial. El enfoque cuestionaba específicamente el número de desaparecidos, uno de los símbolos más potentes en la lucha por los derechos humanos en Argentina.
La conmemoración de este año adquiere relevancia especial considerando las posturas expresadas por funcionarios de alta jerarquía, incluyendo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha manifestado públicamente posiciones críticas respecto a la narrativa histórica predominante sobre la dictadura militar.
Las organizaciones defensoras de derechos fundamentales alertan sobre lo que consideran un proceso sistemático de revisión negacionista impulsado desde esferas gubernamentales, mientras el Ejecutivo sostiene que promueve una visión integral de los acontecimientos históricos que marcaron al país durante la década del 70.
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