La detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela ha escalado a una crisis diplomática de múltiples dimensiones, con nuevos desarrollos que involucran a la justicia argentina, funcionarios actuales y anteriores representantes diplomáticos. La Cámara Federal de Mendoza ha tomado una posición activa en el caso, exigiendo mediante un fallo de 13 páginas que las autoridades venezolanas proporcionen información inmediata sobre el paradero y situación legal del agente detenido desde el 8 de diciembre.

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El caso ha generado un intenso intercambio de acusaciones entre la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Oscar Laborde, quien fungió como embajador argentino en Venezuela durante la administración anterior. Laborde, reconocido por su cercanía al gobierno de Nicolás Maduro, reveló su participación en gestiones humanitarias para facilitar la comunicación entre el gendarme y su familia, específicamente en la entrega de una carta de su madre, Grisela Heredia.

La situación se complica por las versiones contradictorias sobre los motivos del viaje de Gallo. Mientras fuentes oficiales inicialmente indicaron que el gendarme viajaba para visitar a su familia, Laborde ha cuestionado esta versión, señalando inconsistencias en el relato y sugiriendo posibles vínculos con actividades de inteligencia. El gobierno venezolano, por su parte, ha acusado a Gallo de participar en presuntos "planes terroristas" que, según sus declaraciones, involucrarían al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich.

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La respuesta judicial argentina ha sido contundente. Los camaristas Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci han ordenado investigar el caso como una posible "desaparición forzada de personas", solicitando información sobre el juez a cargo del proceso y exigiendo que se garantice el derecho de Gallo a designar un abogado y mantener contacto con sus familiares.

El cruce entre Bullrich y Laborde ha añadido una dimensión política al conflicto. La ministra calificó como "vergonzoso" que un ex representante diplomático argentino justifique la situación de un ciudadano detenido, mientras que Laborde ha señalado presuntas irregularidades en la autorización del viaje del gendarme, cuestionando la responsabilidad de la actual administración en el incidente.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel también se ha visto involucrada en la controversia al cuestionar la autorización del viaje, generando tensiones adicionales dentro del gobierno argentino. Bullrich respondió calificando estas declaraciones como "fuera de lugar", argumentando que las consideraciones geopolíticas exceden las competencias del personal administrativo de Gendarmería.

María Gómez, pareja de Gallo y residente en Venezuela desde hace seis años, ha aportado detalles sobre la detención, indicando que el gendarme fue trasladado en una "camioneta negra" por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana. Esta información ha aumentado la preocupación sobre las circunstancias de su detención y actual situación.

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La crisis ha puesto de manifiesto las complejas relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, así como las tensiones internas en el gobierno argentino sobre el manejo de situaciones internacionales sensibles. El caso continúa desarrollándose mientras la justicia argentina presiona por respuestas y garantías sobre la situación del gendarme detenido.