La administración de Javier Milei afronta un escenario cada vez más complejo en el ámbito legislativo y jurídico tras la emisión del decreto que autoriza un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Parlamento. Este movimiento, que busca garantizar estabilidad cambiaria hasta las elecciones de octubre, podría transformarse en un boomerang para la credibilidad del equipo económico si los tribunales deciden intervenir.

El centro de la controversia radica en el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, mediante el cual el Ejecutivo habilitó operaciones crediticias dentro del marco de Facilidades Extendidas con el organismo multilateral. Sin embargo, este instrumento omite mencionar la Ley 27.612 de "Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública", cuyo artículo segundo establece claramente que cualquier programa de financiamiento con el FMI requiere aprobación legislativa expresa.

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La vulnerabilidad jurídica del decreto resulta evidente para diversos actores políticos y especialistas. No solo no deroga la normativa preexistente, sino que tampoco justifica adecuadamente la urgencia requerida por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Ejecutivo emitir disposiciones legislativas excepto en circunstancias extraordinarias que imposibiliten seguir los trámites ordinarios.

Este contexto ha provocado que bloques tradicionalmente enfrentados encuentren un punto de convergencia. La oposición parlamentaria ha comenzado a articular acciones coordinadas tanto en el Senado como en Diputados. El numeroso bloque peronista ha logrado alinear posiciones con referentes "de centro" para enfrentar lo que consideran una avanzada institucional mediante decretos y alianzas oficialistas.

La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, ya anunció que recurrirá a la vía judicial para impugnar el decreto, apelando a su coherencia histórica en esta materia durante administraciones anteriores. Esta postura podría encontrar respaldo en doctrina judicial consolidada que legitima a colegios de abogados y entidades profesionales para promover amparos basados en la supremacía constitucional, como sucedió en los precedentes "Rizzo" y "Halabi".

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El riesgo para el acuerdo financiero no es menor. Según fuentes especializadas, cualquier magistrado podría emitir medidas cautelares o incluso precautelares que solo requieren acreditar "circunstancias graves y objetivamente impostergables". Si bien estas medidas pueden ser reversibles, el impacto inmediato en los mercados financieros sería inevitable, comprometiendo la estabilidad económica que precisamente el gobierno intenta asegurar.

La actividad parlamentaria de esta semana estará marcada por estas tensiones. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo modificará su esquema de trabajo para abordar específicamente el DNU 179/2025, convocando a tres funcionarios clave: Vladimir Werning (vicepresidente del Banco Central), José Luis Daza (secretario de Política Económica) y Leonardo Madcur (representante ante el FMI).

Paralelamente, la oposición avanza en otros frentes vinculados tanto a la institucionalidad como a controversias específicas. En el Senado, existen indicios de que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema enfrentarán un probable rechazo, especialmente después que el decreto presidencial que intentó designarlos "en comisión" proporcionara argumentos adicionales a senadores moderados que vacilaban sobre su postura.

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Otro tema que continúa generando tensiones es la investigación sobre la promoción del criptoactivo $LIBRA por parte de funcionarios gubernamentales. Aunque los intentos de crear una comisión investigadora enfrentaron obstáculos procedimentales, incluido el levantamiento abrupto de una sesión ordenada por el presidente de la Cámara baja, los bloques opositores Encuentro Federal y Democracia para Siempre han acordado impulsar el tratamiento de hasta diez proyectos relacionados a partir del martes.

La política de designación de autoridades en comisiones parlamentarias sigue provocando fricciones incluso dentro del oficialismo. El reciente episodio donde legisladores libertarios confrontaron físicamente a exaliados y miembros de su propio bloque por dar quórum para renovar autoridades en la Comisión de Juicio Político evidencia la fragilidad de las mayorías parlamentarias y la polarización creciente.

Para los mercados financieros, esta inestabilidad institucional representa un factor de incertidumbre adicional. El prestigioso Wall Street Journal ya había advertido que "el milagro del mercado argentino está en suspenso", analizando los desafíos para los bonos soberanos incluso con un acuerdo con el FMI que los operadores financieros dan por descontado.

El principal activo del gobierno libertario ha sido hasta ahora la desorientación de la oposición frente a su audacia política. Sin embargo, la judicialización del decreto podría introducir un elemento disruptivo que ni siquiera el FMI habría considerado adecuadamente: la posibilidad de que los compromisos financieros carezcan de la garantía jurídica necesaria para su cumplimiento efectivo.

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Expertos legales señalan que los empréstitos públicos están específicamente contemplados en el artículo 75 de la Constitución como facultad del Congreso, tanto para contraerlos (inciso 4) como para determinar su pago (inciso 7). El artículo 36 establece además que la Constitución mantiene su vigencia incluso cuando se pretenda desconocerla, calificando tales actos como "nulos".

Para complicar aún más el panorama, el propio presidente Milei había reconocido en una entrevista televisiva días antes que el trámite para el acuerdo con el FMI debía pasar por el Congreso, generando interrogantes sobre el cambio repentino de estrategia justo cuando las sesiones legislativas ordinarias acababan de comenzar.

El escenario político mantiene otros focos de tensión activos. La CGT ha anunciado un paro general para principios de abril, mientras grupos denominados "barras" anticipan nuevas protestas tras los violentos incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso durante la última semana. El Gobierno, por su parte, ha ratificado su respaldo a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo operativo dejó heridos y detenidos, generando críticas incluso de sectores moderados.

Para el equipo económico, estos conflictos institucionales suponen un desafío adicional en momentos donde buscan consolidar avances en la reducción inflacionaria y preparar condiciones para una eventual salida del control cambiario. La capacidad del gobierno para mantener la gobernabilidad y construir consensos mínimos en temas estratégicos podría definir las posibilidades de éxito del programa económico en los próximos meses.

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Mientras tanto, la oposición parece haber encontrado en la defensa institucional un eje articulador que trasciende diferencias históricas, configurando un nuevo escenario político donde la capacidad del oficialismo para imponer agenda sin controles parlamentarios efectivos enfrenta resistencias crecientes tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.