El Gobierno de Javier Milei está dando pasos decisivos para materializar el Consejo de Mayo, una iniciativa que promete ser el epicentro de profundas transformaciones en la política argentina. Con la mira puesta en una reforma laboral ampliada y una reestructuración del sistema previsional, el Ejecutivo está conformando un equipo de peso que incluye representantes de diversos sectores políticos y sociales.

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Guillermo Francos, jefe de Gabinete y presidente designado del Consejo, ha tomado la iniciativa de convocar a figuras prominentes para integrar este órgano. En un movimiento estratégico, ha solicitado al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que represente a los 18 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán. Esta elección no solo busca dar voz a las provincias, sino también consolidar el apoyo de gobernadores clave para las reformas venideras.

La composición del Consejo refleja un intento de equilibrio político y sectorial. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, ha sido designado para representar a la CGT, en un claro guiño al sector sindical. Por el lado legislativo, se baraja el nombre de Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, para representar a la Cámara de Diputados, mientras que para el Senado se consideran a Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, figuras que podrían tender puentes con sectores del peronismo federal y el cambismo.

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La presencia de Federico Sturzenegger como representante del gobierno nacional subraya la importancia que el Ejecutivo otorga a la agenda de desregulación y transformación estatal. Sin embargo, la ausencia de un representante definido del sector empresarial es notoria, con el Grupo de los Seis aún deliberando sobre quién ocupará ese crucial asiento.

El Consejo de Mayo no es un mero foro de discusión. El Gobierno lo visualiza como un motor para la creación de proyectos de ley basados en los diez puntos del Pacto de Mayo. La prioridad indiscutible es una reforma laboral ampliada, un tema que promete generar intensos debates y negociaciones. Además, la reestructuración del sistema previsional se perfila como otro eje central, con el Ejecutivo argumentando la insostenibilidad del esquema actual.

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La logística del Consejo también está tomando forma. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, está considerando la adaptación de un salón en la Casa Rosada para albergar las sesiones, un gesto que subraya la importancia institucional que se le otorga a este órgano.

El plazo de diez días para presentar una agenda de trabajo conjunta tras su puesta en funcionamiento añade un sentido de urgencia a las deliberaciones. Este cronograma acelerado refleja la determinación del Gobierno de Milei de avanzar rápidamente con sus reformas, aprovechando el impulso político generado por el Pacto de Mayo.

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La conformación del Consejo de Mayo representa un momento crucial en la estrategia política del gobierno de Milei. Es un intento de cristalizar el consenso alcanzado en Tucumán en acciones concretas y legislación transformadora. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la habilidad del Ejecutivo para construir consensos, sino también de la disposición de los diversos actores políticos y sociales para negociar y ceder en pos de acuerdos de largo alcance.

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A medida que el Consejo toma forma, todas las miradas estarán puestas en sus primeras reuniones y en la capacidad de sus integrantes para traducir las ambiciones del Pacto de Mayo en propuestas viables y con amplio respaldo. El desafío es mayúsculo: reformar estructuras arraigadas en un contexto de polarización política y crisis económica. 

La puesta en marcha del Consejo de Mayo podría marcar un punto de inflexión en la presidencia de Milei, determinando si su ambicioso programa de reformas logra materializarse o si se enfrenta a obstáculos insuperables. En cualquier caso, los próximos meses prometen ser decisivos para el futuro político y económico de Argentina.