La recta final de las sesiones ordinarias del Congreso encuentra al gobierno de Javier Milei en una compleja situación política respecto al Presupuesto 2025, mientras mantiene una postura inflexible frente a los reclamos de los gobernadores provinciales. El Ejecutivo nacional ha decidido congelar las negociaciones y desestimar la conformación de una mesa de diálogo solicitada por los mandatarios provinciales.

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La controversia surge principalmente por la ausencia de fondos clave en el proyecto oficialista: recursos por coparticipación, deudas con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas y la coparticipación del impuesto al combustible. Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, acceder a los reclamos provinciales implicaría un costo fiscal cercano a los 4.000 millones de dólares, cifra que consideran incompatible con el objetivo del déficit cero.

La situación se torna más compleja considerando el contexto político más amplio. El presidente Milei enfrenta simultáneamente una desconfianza creciente con Mauricio Macri, tensiones con Victoria Villarruel en el Senado y dificultades para conseguir apoyo legislativo. La Libertad Avanza no logra obtener las firmas necesarias de sus aliados del PRO y la UCR para avanzar con el dictamen, debido al rechazo de los gobernadores de estas fuerzas.

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Los mandatarios provinciales argumentan que el gobierno nacional está incumpliendo leyes y pactos existentes, comparable al caso de los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la administración Milei mantiene su posición: prefieren no tener Presupuesto antes que ceder a las demandas provinciales que comprometerían el equilibrio fiscal.

La estrategia del Ejecutivo nacional parece tener un doble propósito. Por un lado, mantener la disciplina fiscal mediante el ajuste del gasto público, y por otro, ejercer presión política sobre las provincias en vísperas de un año electoral. Sin un nuevo Presupuesto, el gobierno deberá prorrogar por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, lo que le otorgaría mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos.

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Los gobernadores, que anteriormente apoyaron iniciativas clave del gobierno como la ley Bases y el veto a la ley de movilidad jubilatoria, ahora se encuentran en una posición difícil. La caída en la recaudación por la baja actividad económica ya está generando tensiones financieras en sus territorios, situación que podría agravarse sin los fondos reclamados.

Mauricio Macri, quien reaparecerá en la escena política esta semana en Junín, sostiene que sin el apoyo del PRO, el gobierno no habría logrado la actual estabilidad macroeconómica, evidenciada en la baja del Riesgo País y el equilibrio fiscal. Esta postura refleja las tensiones crecientes entre el expresidente y la actual administración.

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La confección del Presupuesto ha estado plagada de problemas desde su inicio. Los gobernadores señalaron errores significativos en el anexo de obra pública presentado por el ministro Caputo, incluyendo asignaciones incorrectas de obras entre provincias y la ausencia de partidas para obras ya transferidas por la Nación.

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El panorama se complica aún más considerando que la hermana del presidente, Karina Milei, continúa expandiendo La Libertad Avanza a nivel nacional, mientras los gobernadores enfrentan crecientes restricciones financieras. La última semana de sesiones ordinarias será crucial para determinar el destino del Presupuesto 2025 y la relación entre el gobierno nacional y las provincias.